Benavente no merece un Alcalde que miente a los Benaventanos

Desde el PP NUNCA hemos pedido que se cierre el centro de hemodiálisis o que se deje de ofrecer el servicio.

Al contrario, lo que se ha pedido siempre es que se ofrezca con todas las garantías y con seguridad.

  • El Alcalde miente y manipula para desviar la atención sobre su responsabilidad.
  • El servicio lo da una empresa contratada, fue el propio Alcalde quien le denegó las licencias.

18 de octubre de 2019 .-  Es muy triste ver como el Alcalde de Benavente miente e intenta manipular a la opinión pública para desviar la atención sobre sus responsabilidades.

El PP nunca ha pedido que se deje de dar el servicio de hemodiálisis, sino justamente todo lo contrario, que se ofrezca y se dé con las debidas garantías. Miente quien diga lo contrario y cada cual sabrá por qué razón lo hace.

La JCyL sacó a licitación el actual servicio de hemodiálisis, que se ofrece a través de una empresa contratada que obtiene beneficios económicos por realizarlo. Con anterioridad en Benavente se dio el servicio por parte de otra empresa, en las instalaciones que tenía en la Avenida el Ferial, cumpliendo todos los requisitos legales.

Es el propio Alcalde de Benavente quien ha denegado las licencias a la empresa concesionaria del servicio. ¿Se puede acusar por ello a Luciano Huerga de que no quiere que se dé el servicio de hemodiálisis en Benavente?, ¿debemos llamarle nosotros “traidor a Benavente”, como lo hace él a través de su facebook con nosotros?

Cuatro años son un tiempo más que prudencial para que el Alcalde hubiese exigido que el servicio se diese con todas las garantías seguridad que ofrece el disponer de las preceptivas licencias, que él mismo denegó, precisamente, porque no se cumplían.

En eso consiste su función como Alcalde, en exigirlo a quien correspondiese. Había alternativas, una nueva licitación o el cambio de ubicación. El propio Alcalde pudo ofrecer un local alternativo de forma provisional. Ha tenido tiempo más que suficiente para hacerlo durante cuatro años.

La ausencia de licencias, recordamos que denegadas por el propio Alcalde, ha provocado situaciones tan lamentables, como que el propio Ayuntamiento haya denegado también el espacio frente a las instalaciones para el aparcamiento de ambulancias cuando trasladan a los pacientes, lo que les obliga que acceden en camilla o silla de ruedas, rodeando  la fila de vehículos aparcados frente al edificio, en ocasiones en días de lluvia, con el consiguiente sufrimiento de las condiciones meteorológicas para ellos.

Los vecinos del edificio han denunciado molestias en reiteradas ocasiones, por las que el Ayuntamiento ha sancionado a la empresa, en un caso con 12.001 € por la comisión de una falta muy grave (faltas muy graves conllevan sanción entre 12.001 € y 300.000 €). ¿Y quién tiene la responsabilidad de que suceda esto?, ¿quienes las cometen, o quienes las han consentido primero y después sancionado?

Dado que los informes técnicos advierten del riesgo y el peligro que supone para la seguridad y la salud de las personas el ejercer este servicio sin las correspondientes licencias urbanísticas y sin estar adaptadas las instalaciones a la normativa legalmente establecida,  entendemos que el Ayuntamiento debería haber requerido a la empresa para que hubiese buscado otro lugar o espacio adecuado para realizar la actividad y ofrecer el servicio a los pacientes en las debidas condiciones, QUE ES LO QUE HEMOS PEDIDO SIEMPRE, pero no lo han hecho.

Hay un proceso judicial abierto y por ello guardaremos toda la prudencia que ello exige, de respeto a la justicia, que esperamos que sea quien resuelva y clarifique este asunto en relación a la actuación del Alcalde y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de ello.

Y que se adopten las medidas que sean necesarias para corregir la situación actual, en beneficio de los pacientes y de los propios vecinos.

DESDE EL PP NUNCA HEMOS PEDIDO QUE SE CIERRE EL CENTRO DE HEMODIÁLISIS O QUE SE DEJE DE OFRECER DICHO SERVICIO.

NOTA ACLARATORIA en relación a la denuncia interpuesta por el GMPP contra el Alcalde de Benavente.  
DESDE EL PP NUNCA HEMOS PEDIDO QUE SE CIERRE EL CENTRO DE HEMODIÁLISIS O QUE SE DEJE DE OFRECER DICHO SERVICIO. Al contrario, lo que se ha pedido siempre es que se ofrezca con todas las garantías y con seguridad.
  Se ha tolerado el ejercicio de una actividad durante más de tres años “en ausencia total de licencias administrativas: licencia urbanística de obras y ejecución, licencia de primera ocupación y licencia de actividad. La licencia tiene como objetivo garantizar la seguridad y la calidad en la prestación de un servicio especialmente sensible y necesario para muchos ciudadanos. Actividad que ha ocasionado diferentes quejas vecinales y denuncias, con las consiguientes sanciones. Ha creado agravios comparativos con otros ciudadanos frente a los cuales se aplicaba la Ley de modo inflexible.

25, septiembre, 2019.- Se deberían de haber tomado las medidas necesarias para que un servicio tan importante y tan sensible se ofreciese con todas las garantías para los pacientes y sin molestias para los vecinos.

Pacientes teniendo que rodear los coches por falta de autorización de aparcamiento ante la ausencia de licencia.

La ausencia de licencias ha provocado situaciones tan lamentables, como que el propio Ayuntamiento haya denegado el espacio para el aparcamiento de ambulancias frente a las instalaciones, lo que obliga a los pacientes que acceden en camilla o silla de ruedas, a rodear la fila de coches aparcados frente al edificio, en ocasiones en días de lluvia, con el consiguiente sufrimiento de las condiciones meteorológicas para ellos.

Los vecinos han denunciado molestias en reiteradas ocasiones, que han sido sancionadas con faltas muy graves y sanción de hasta 12.000 € por el propio Ayuntamiento. ¿Y quien tiene la responsabilidad de lo que sucede, quienes las cometen o quienes las han consentido primero y después sancionado?

Dado que los informes técnicos advierten del riesgo y el peligro que supone para las personas el ejercer este servicio sin las correspondientes licencias urbanísticas y sin estar adaptadas las instalaciones a la normativa legalmente establecida,  entendemos que el Ayuntamiento debería haber requerido a la empresa para que hubiese buscado otro lugar o espacio adecuado para realizar la actividad y ofrecer el servicio a los pacientes en las debidas condiciones, y no ha sucedido.

Esperamos que sea la justicia quien resuelva y clarifique este asunto, para que se adopten las medidas que sean necesarias en beneficio de los pacientes y de los propios vecinos.

El PP recurrirá la composición de las Comisiones Informativas

RECURSO DE REPOSICIÓN

Concejales del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Benavente Benavente

Los abajo firmantes, en calidad de Concejales del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Benavente, con domicilio a efectos de notificación en la Plaza Juan Carlos I, 6, 1º Izq. 49600 BENAVENTE (ZAMORA), y en virtud del presente escrito, interponemos recurso de reposición frente al Acuerdo de Pleno de fecha 05 de julio de 2019, de acuerdo con los hechos y las consideraciones jurídicas que a continuación pasamos a exponer:

HECHOS

PRIMERO. En Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Benavente, el día 05 de julio de 2019, se adoptó, entre otros, el Acuerdo de creación, composición, funcionamiento y competencias de la Comisiones Informativas Permanentes. En dicho acuerdo, se establece, que dichas Comisiones Informativas estarán compuestas por CINCO vocales, siendo la distribución siguiente:

Grupo Socialista: 2 vocales.

Grupo Popular: 1 vocal.

Grupo Ciudadanos: 1 vocal.

Grupo Mixto (IU): 1 vocal

SEGUNDO. El Grupo Popular Municipal, integrado por 6 Concejales, votó en contra de este Acuerdo, tal y como se recoge en el Acta de la sesión de fecha 05 de julio de 2019.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

  PRIMERO. Los Concejales firmantes, interponemos este recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, frente al Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Benavente, de 05 de julio de 2019, por el que se acuerda la creación, composición, funcionamiento y competencias de las Comisiones Informativas Permanentes.

SEGUNDO. El artículo 63.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local determina, que, junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico, los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos.

En el ámbito reglamentario el artículo 209 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre establece que “Contra los actos y acuerdos de las entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán, previo recurso de reposición o reclamación previa en los casos en que proceda, ejercer las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente.

Junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo, podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico los miembros de las Corporaciones locales que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos.”

TERCERO. El Artículo 211 del ROF establece:

“1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y como requisito previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo contra actos o acuerdos de las autoridades y entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, deberá formularse recurso de reposición, que se presentará ante el órgano que hubiere dictado el acto o acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde la notificación del acto o acuerdo.

2. No obstante, el recurso de reposición será potestativo en materia de presupuestos, imposición y ordenación de tributos, y en los demás casos en que tenga tal carácter según lo dispuesto en la mencionada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. El plazo para interponer recurso de reposición por los Concejales o miembros de las Corporaciones Locales que hubieran votado en contra del acuerdo se contará la fecha de la sesión en que se hubiera votado el acuerdo.”

CUARTO. El Grupo Popular Municipal votó en contra de este Acuerdo, entendiendo que inciden en nuestro estatuto de grupo y vulnera el principio de proporcionalidad. 

 El artículo 20.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, señala que en los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno.

 En el ámbito reglamentario, el artículo 125 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en su Regla b da una regulación más precisa al establecer que cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación.

El artículo 126.1 del ROF establece que «los dictámenes de las Comisiones informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante» lo que supone que siendo necesario pasar el asunto por Comisión, el no hacerlo así puede determinar la nulidad de lo acordado.  De ahí la importancia que tienen estas Comisiones Informativas.

El Art. 134.1 del ROF establece que el Alcalde o Presidente de la Corporación, o el Presidente de la Comisión, estará obligado a convocar sesión extraordinaria de las Comisiones Informativas cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, de los miembros de la Comisión, es decir, 2 vocales.

El artículo 39 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Benavente, en su apartado 2, establece que las Comisiones del Pleno serán de libre composición, no pudiendo superar el número de 7 miembros.

Por lo tanto, la opción de haber previsto una composición de las Comisiones Informativas con 7 miembros, encaja con la normativa municipal sobre la materia.

QUINTO. En el ámbito jurisprudencial, la STC 20/2011 de 14 de marzo, establece: «Como ya señalaba la STC 32/1985, de 6 de marzo, “la composición no proporcional de las comisiones informativas resulta constitucionalmente inaceptable porque estas son órganos solo en sentido impropio y, en realidad, meras divisiones internas del Pleno”, por lo que deben reproducir, en cuanto sea posible, la estructura política de éste. Exigencia que despliega sus efectos tanto para garantizar los derechos de las minorías como para evitar la materialización de la sobrerrepresentación de la minoría». Doctrina reiterada en SSTC 246/2012, de 20 de diciembre y 169/2011, de 9 de julio.

Así pues, el límite máximo a establecer para cada grupo, en cada Comisión, sería el que proporcionalmente le correspondiese según la composición numérica del Pleno.

A mayor abundamiento, la STC 30/1993, de 25 de enero, en el fundamento jurídico 4, párrafo 2, determina: “Procede también recordar, en relación a las Comisiones Informativas municipales, que este Tribunal tiene declarado que una composición no proporcional de las mismas resulta constitucionalmente inaceptable al tratarse de divisiones internas del Pleno, por lo que en cuanto partes de éste deben reproducir, en cuanto sea posible, la estructura política del Pleno municipal, «pues, de otro modo, en efecto, no sólo se eliminaría toda participación de los Concejales de la minoría en un estadio importante del proceso de decisión (y sólo un formalismo que prescinda absolutamente de la realidad puede ignorar la transcendencia que en este proceso tiene la fase de estudio y elaboración de propuestas), sino que se hurtaría a la minoría incluso la posibilidad de participar con plena eficacia en el estudio final de la decisión, privándole del tiempo necesario para el estudio en detalle de los asuntos, o de la documentación que ello requiere, o de ambas cosas» (STC 32/1985, fundamento jurídico 2º). En consecuencia, se afirmaba en la citada Sentencia, la vinculación de todos los poderes públicos a la Constitución (art. 9.1 C.E.) obliga a los Ayuntamientos al respeto de esa proporcionalidad que, naturalmente, no implica la necesidad que cada una de las Comisiones sea reproducción exacta, a escala menor, del Pleno municipal, sino sólo la de que, en cuanto la diferencia cuantitativa y otras consideraciones lo hagan posible, al fijar la composición de las Comisiones se procure dotar de presencia en ellas a las fuerzas políticas presentes en el Pleno. Ello así, un apartamiento cuantitativo o cualitativo de la proporcionalidad constitucionalmente exigible, y la ausencia de todo razonamiento para justificarla, podría considerarse ilegítimo y lesivo del derecho fundamental al ejercicio de la función representativa en términos de igualdad (proporcionalidad), como así lo estimó este Tribunal en el supuesto entonces examinado.”

La misma STC en el fundamento jurídico 7, establece: “Aunque no discute el recurrente el cálculo de proporcionalidad con el que el Pleno ha operado respecto a la asignación de puestos en las Comisiones entre los grupos políticos, conviene resaltar que esta distribución se acomoda a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos integrantes de la Corporación, por lo que tampoco en este extremo podría prosperar la pretensión del demandante de amparo. Es necesario tener presente al respecto una doctrina jurisprudencial de este Tribunal muy consolidada, conforme a la cual se recuerda que es notorio que una proporcionalidad estricta es algo difícil de alcanzar en toda representación, y tanto más cuanto más reducido sea el número de representantes a elegir o el colegio a designar (STC 40/1981, fundamento jurídico 3º; 36/1990, fundamento jurídico 2º). Por el contrario, una adecuada representación proporcional sólo puede ser, por definición, imperfecta, y resultar exigible dentro de un razonable margen de flexibilidad, siempre y cuando no llegue a alterarse su propia esencia (SSTC 40/1981, fundamento jurídico 1º; 32/1985, fundamento jurídico 3º; 36/1990 fundamento jurídico 2º). En consecuencia, la proporcionalidad o las desviaciones de la misma enjuiciables en amparo por devenir constitutivas de una discriminación vedada por el art. 23.2 de la Constitución, no pueden ser entendidas de una forma estrictamente matemática, sino que deben venir anudadas a una situación notablemente desventajosa y a la ausencia de todo criterio objetivo o razonamiento que las justifique (SSTC 75/1985, fundamento jurídico 3º; 36/1990, fundamento jurídico 2º; 4/1992, fundamento jurídico 2º).”

A la vista del criterio jurisprudencial, en el caso del Grupo Municipal Popular, y teniendo en cuenta que está conformado por 6 Concejales, nos encontramos ante una situación notablemente desventajosa y con ausencia de criterios objetivos o razonamientos que lo justifique.

De acuerdo con los hechos expuestos y las consideraciones jurídicas, solicitamos lo admita a trámite y dé por interpuesto recurso de reposición contra el Acuerdo de Pleno de fecha 05 de julio de 2019, relativo a la “Creación, composición, funcionamiento y competencias de las Comisiones Informativas Permanentes”, y en consecuencia, se proceda a la anulación del acuerdo sobre composición de las Comisiones Informativas Permanentes, disponiendo una composición adecuada al principio de proporcionalidad que entendemos vulnerado en el caso que nos ocupa.

Benavente, a 02 de agosto de 2019.

Adscripción de Concejales del Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR a las distintas Comisiones Informativas.

Javier Vega jura el cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Benavente

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 125 c) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, conforme a requerimiento de 8/7/2019 en el que se nos solicita que en cumplimiento de acuerdo del Pleno de fecha 5 de julio 2019 se proceda a comunicar la adscripción a las distintas Comisión Informativa de los concejales que actuarán en dichos órganos colegiados en representación del  Grupo Político PARTIDO POPULAR.

            El acuerdo Plenario estableció la composición de las Comisiones Informativas por cinco vocales distribuidos de la siguiente forma:

  • Grupo Socialista 2 vocales.
  • Grupo Popular 1 vocal.
  • Grupo Ciudadanos 1 vocal.
  • Grupo Mixto (IU) 1 vocal.

El acuerdo plenario contó con el voto en contra de los 6 concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, por considerar que la distribución propuesta por el Alcalde para su composición no se acomoda adecuadamente a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación. Dejar claro que la pretensión de nuestro grupo no era en ningún momento que se hubiese producido una reproducción exacta, a escala menor, del Pleno.

Juan Dúo jura el cargo de Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Benavente.

Esta falta de acomodo en la proporcionalidad que se concede a nuestro Grupo Municipal en relación a la composición del Pleno puede observarse en el hecho de que, por ejemplo, para la convocatoria de un Pleno Extraordinario, según viene establecido en el artículo 78 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pueden convocar Plenos Extraordinarios “a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación”, que en el caso del Ayuntamiento de Benavente serían 5 concejales, algo que si puede hacer el Grupo Municipal del Partido Popular, al contar con 6 concejales.

El Art. 134.1 del ROF establece que el Alcalde o Presidente de la Corporación, o el Presidente de la Comisión, estará obligado a convocar sesión extraordinaria de las Comisiones Informativas cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, de los miembros de la Comisión, es decir, 2 vocales.

En base a la jurisprudencia existente, que establece que para respetarse la proporcionalidad o acomodo del Pleno, las Comisiones Informativas deben reproducir en cuanto sea posible numéricamente la estructura política del Pleno Municipal, que no tiene por qué ser matemáticamente exacta, ni es la pretensión de este Grupo Municipal; entendemos que para no alterar la esencia del Pleno, el GM del PP debería tener 2 vocales en cada Comisión Informativa. Ello permitiría a nuestro Grupo Municipal la convocatoria de dichas comisiones informativas extraordinarias, al igual que sucede en el Pleno. Algo que sucedería igualmente incluso en el caso de que la composición de las Comisiones Informativas se fijase en 7 miembros, máximo establecido en el artículo 39.2 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Benavente.

En la pasada legislatura, 2015/2019 la propuesta aprobada de Alcaldía entendía que se producía una adecuada representación proporcional del GM del PSOE, formado por 6 concejales, con 2 vocales en cada Comisión Informativa. Estas estaban formadas por seis miembros.

 El punto de Pleno contó con el voto favorable de 8 concejales del Grupo Municipal del PSOE y 1 del Grupo Mixto (IU) y la abstención de los 2 concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos.

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