8 de diciembre de 2019 .-  En el día de ayer el PP informaba públicamente de las deficiencias existentes en una obra que apenas tiene dos meses, el asfaltado de la C. Los Carros. Se anunció la utilización de un sistema, colocación de fibra de vidrio, que resulta más costoso y que en teoría iba a hacer que el firme durase más. El resultado ya lo conocemos, no ha durado ni dos meses.

La información ofrecida por el PP era objetiva y respetuosa, porque pensamos que los benaventanos tienen derecho a ser informados. Pero no ha gustado al Alcalde, que una vez más ha demostrado ser el Luciano Huerga que llamó asquerosos a los vecinos de Benavente: “ves lo asquerosa que es la gente de este pueblo”, le espetó a un trabajador del ayuntamiento.

Por lo visto si la oposición quiere dar a conocer algo y lo hace públicamente a través de la prensa, primero tiene que pedirle permiso a él. Justamente lo que exige a los medios antes de dar la información, todo muy “democrático”.

Nos preguntamos por qué motivo no lo ha dado a conocer él mismo al pueblo de Benavente. No ya a la oposición, a la que además de ocultar la información, intenta dificultar la labor de fiscalización.

Y ahora también, por lo que se ve, nos niega el derecho a comunicar a la opinión pública lo que consideremos oportuno y conveniente y se atribuye el derecho a decidir por nosotros sobre lo que es necesario o innecesario que se sepa por parte de los vecinos.

Si hacemos una oposición callada, si somos complacientes, como él quiere, si le decimos a todo “si buana”, somos una oposición buena, leal, sumisa a sus “caprichos”, entonces sí, según sus “sabias” entendederas, habremos actuado de buena fe. Pero hay de mi como se nos ocurra decir “no buana”, entonces somos esa oposición mala, desleal, la que solo quiere lo malo para Benavente y, si esto sigue así, no sería de extrañar que en su papel de nuevo inquisidor, nos mande a quemar en la hoguera.

El PP ha informado recientemente de otros temas similares en comisión informativa de urbanismo, estamos esperando a ver cómo se actúa y si después se da cumplida información a la oposición, o una vez más callarán cuando les interesa.

En el Pleno del pasado día 25 de noviembre, la concejal del GM de Ciudadanos ya le decía, en referencia a la forma de actuar relativa a la información o denuncia realizada por un miembro del Equipo de Gobierno en prensa, que dan ustedes una información muy alejada de la realidad, sin contrastar y que utilizan para difaman (a empresarios de Benavente), “por puro odio”.

Denunciaba igualmente su doble rasero a la hora de actuar, cuando pide a los concejales de la oposición que no se hable del edificio Villalar,  pero después le gusta tapar que fue el PSOE quien dio la licencia ilegal que puede hacer que los vecinos de este edificio se queden sin casa y que “puede costarnos mucho dinero a los benaventanos”, pero después utilizan la prensa para difamar y ponerse medallas que les dejan “en el más absoluto de los ridículos”.

Aunque su intervención iba referida a un tema concreto, con ello puso el dedo en la llaga sobre lo que está sucediendo en Benavente y que refleja a la perfección su forma de actuar. Y como utilizan la “hoguera” informativa a conveniencia de sus intereses políticos, valiéndose de su posición y con el dinero de todos los benaventanos.

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Igualmente pidió la dimisión del Concejal de Medio Ambiente y Sanidad, Manuel Burón, que el alcalde ha decidido pasar por alto, porque le sostiene el sillón de la alcaldía. Petición a la que nos sumamos desde el PP, conscientes de que antepondrá su sueldo de alcalde al bienestar de los ciudadanos.

Desde el PP NUNCA hemos pedido que se cierre el centro de hemodiálisis o que se deje de ofrecer el servicio.

Al contrario, lo que se ha pedido siempre es que se ofrezca con todas las garantías y con seguridad.

• El Alcalde miente y manipula para desviar la atención sobre su responsabilidad.
• El servicio lo da una empresa contratada, fue el propio Alcalde quien le denegó las licencias.

18 de octubre de 2019 .-  Es muy triste ver como el Alcalde de Benavente miente e intenta manipular a la opinión pública para desviar la atención sobre sus responsabilidades.

El PP nunca ha pedido que se deje de dar el servicio de hemodiálisis, sino justamente todo lo contrario, que se ofrezca y se dé con las debidas garantías. Miente quien diga lo contrario y cada cual sabrá por qué razón lo hace.

La JCyL sacó a licitación el actual servicio de hemodiálisis, que se ofrece a través de una empresa contratada que obtiene beneficios económicos por realizarlo. Con anterioridad en Benavente se dio el servicio por parte de otra empresa, en las instalaciones que tenía en la Avenida el Ferial, cumpliendo todos los requisitos legales.

Es el propio Alcalde de Benavente quien ha denegado las licencias a la empresa concesionaria del servicio. ¿Se puede acusar por ello a Luciano Huerga de que no quiere que se dé el servicio de hemodiálisis en Benavente?, ¿debemos llamarle nosotros “traidor a Benavente”, como lo hace él a través de su facebook con nosotros?

Cuatro años son un tiempo más que prudencial para que el Alcalde hubiese exigido que el servicio se diese con todas las garantías seguridad que ofrece el disponer de las preceptivas licencias, que él mismo denegó, precisamente, porque no se cumplían.

En eso consiste su función como Alcalde, en exigirlo a quien correspondiese. Había alternativas, una nueva licitación o el cambio de ubicación. El propio Alcalde pudo ofrecer un local alternativo de forma provisional. Ha tenido tiempo más que suficiente para hacerlo durante cuatro años.

La ausencia de licencias, recordamos que denegadas por el propio Alcalde, ha provocado situaciones tan lamentables, como que el propio Ayuntamiento haya denegado también el espacio frente a las instalaciones para el aparcamiento de ambulancias cuando trasladan a los pacientes, lo que les obliga que acceden en camilla o silla de ruedas, rodeando  la fila de vehículos aparcados frente al edificio, en ocasiones en días de lluvia, con el consiguiente sufrimiento de las condiciones meteorológicas para ellos.

Los vecinos del edificio han denunciado molestias en reiteradas ocasiones, por las que el Ayuntamiento ha sancionado a la empresa, en un caso con 12.001 € por la comisión de una falta muy grave (faltas muy graves conllevan sanción entre 12.001 € y 300.000 €). ¿Y quién tiene la responsabilidad de que suceda esto?, ¿quienes las cometen, o quienes las han consentido primero y después sancionado?

Dado que los informes técnicos advierten del riesgo y el peligro que supone para la seguridad y la salud de las personas el ejercer este servicio sin las correspondientes licencias urbanísticas y sin estar adaptadas las instalaciones a la normativa legalmente establecida,  entendemos que el Ayuntamiento debería haber requerido a la empresa para que hubiese buscado otro lugar o espacio adecuado para realizar la actividad y ofrecer el servicio a los pacientes en las debidas condiciones, QUE ES LO QUE HEMOS PEDIDO SIEMPRE, pero no lo han hecho.

Hay un proceso judicial abierto y por ello guardaremos toda la prudencia que ello exige, de respeto a la justicia, que esperamos que sea quien resuelva y clarifique este asunto en relación a la actuación del Alcalde y las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de ello.

Y que se adopten las medidas que sean necesarias para corregir la situación actual, en beneficio de los pacientes y de los propios vecinos.

RECURSO DE REPOSICIÓN

Los abajo firmantes, en calidad de Concejales del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Benavente, con domicilio a efectos de notificación en la Plaza Juan Carlos I, 6, 1º Izq. 49600 BENAVENTE (ZAMORA), y en virtud del presente escrito, interponemos recurso de reposición frente al Acuerdo de Pleno de fecha 05 de julio de 2019, de acuerdo con los hechos y las consideraciones jurídicas que a continuación pasamos a exponer:

HECHOS

PRIMERO. En Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Benavente, el día 05 de julio de 2019, se adoptó, entre otros, el Acuerdo de creación, composición, funcionamiento y competencias de la Comisiones Informativas Permanentes. En dicho acuerdo, se establece, que dichas Comisiones Informativas estarán compuestas por CINCO vocales, siendo la distribución siguiente:

Grupo Socialista: 2 vocales.

Grupo Popular: 1 vocal.

Grupo Ciudadanos: 1 vocal.

Grupo Mixto (IU): 1 vocal

SEGUNDO. El Grupo Popular Municipal, integrado por 6 Concejales, votó en contra de este Acuerdo, tal y como se recoge en el Acta de la sesión de fecha 05 de julio de 2019.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

  PRIMERO. Los Concejales firmantes, interponemos este recurso potestativo de reposición, al amparo de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, frente al Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Benavente, de 05 de julio de 2019, por el que se acuerda la creación, composición, funcionamiento y competencias de las Comisiones Informativas Permanentes.

SEGUNDO. El artículo 63.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local determina, que, junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico, los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos.

En el ámbito reglamentario el artículo 209 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre establece que “Contra los actos y acuerdos de las entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán, previo recurso de reposición o reclamación previa en los casos en que proceda, ejercer las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente.

Junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo, podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico los miembros de las Corporaciones locales que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos.”

TERCERO. El Artículo 211 del ROF establece:

“1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y como requisito previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo contra actos o acuerdos de las autoridades y entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, deberá formularse recurso de reposición, que se presentará ante el órgano que hubiere dictado el acto o acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde la notificación del acto o acuerdo.

2. No obstante, el recurso de reposición será potestativo en materia de presupuestos, imposición y ordenación de tributos, y en los demás casos en que tenga tal carácter según lo dispuesto en la mencionada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3. El plazo para interponer recurso de reposición por los Concejales o miembros de las Corporaciones Locales que hubieran votado en contra del acuerdo se contará la fecha de la sesión en que se hubiera votado el acuerdo.”

CUARTO. El Grupo Popular Municipal votó en contra de este Acuerdo, entendiendo que inciden en nuestro estatuto de grupo y vulnera el principio de proporcionalidad. 

 El artículo 20.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, señala que en los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno.

 En el ámbito reglamentario, el artículo 125 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en su Regla b da una regulación más precisa al establecer que cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación.

El artículo 126.1 del ROF establece que «los dictámenes de las Comisiones informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante» lo que supone que siendo necesario pasar el asunto por Comisión, el no hacerlo así puede determinar la nulidad de lo acordado.  De ahí la importancia que tienen estas Comisiones Informativas.

El Art. 134.1 del ROF establece que el Alcalde o Presidente de la Corporación, o el Presidente de la Comisión, estará obligado a convocar sesión extraordinaria de las Comisiones Informativas cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, de los miembros de la Comisión, es decir, 2 vocales.

El artículo 39 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Benavente, en su apartado 2, establece que las Comisiones del Pleno serán de libre composición, no pudiendo superar el número de 7 miembros.

Por lo tanto, la opción de haber previsto una composición de las Comisiones Informativas con 7 miembros, encaja con la normativa municipal sobre la materia.

QUINTO. En el ámbito jurisprudencial, la STC 20/2011 de 14 de marzo, establece: «Como ya señalaba la STC 32/1985, de 6 de marzo, “la composición no proporcional de las comisiones informativas resulta constitucionalmente inaceptable porque estas son órganos solo en sentido impropio y, en realidad, meras divisiones internas del Pleno”, por lo que deben reproducir, en cuanto sea posible, la estructura política de éste. Exigencia que despliega sus efectos tanto para garantizar los derechos de las minorías como para evitar la materialización de la sobrerrepresentación de la minoría». Doctrina reiterada en SSTC 246/2012, de 20 de diciembre y 169/2011, de 9 de julio.

Así pues, el límite máximo a establecer para cada grupo, en cada Comisión, sería el que proporcionalmente le correspondiese según la composición numérica del Pleno.

A mayor abundamiento, la STC 30/1993, de 25 de enero, en el fundamento jurídico 4, párrafo 2, determina: “Procede también recordar, en relación a las Comisiones Informativas municipales, que este Tribunal tiene declarado que una composición no proporcional de las mismas resulta constitucionalmente inaceptable al tratarse de divisiones internas del Pleno, por lo que en cuanto partes de éste deben reproducir, en cuanto sea posible, la estructura política del Pleno municipal, «pues, de otro modo, en efecto, no sólo se eliminaría toda participación de los Concejales de la minoría en un estadio importante del proceso de decisión (y sólo un formalismo que prescinda absolutamente de la realidad puede ignorar la transcendencia que en este proceso tiene la fase de estudio y elaboración de propuestas), sino que se hurtaría a la minoría incluso la posibilidad de participar con plena eficacia en el estudio final de la decisión, privándole del tiempo necesario para el estudio en detalle de los asuntos, o de la documentación que ello requiere, o de ambas cosas» (STC 32/1985, fundamento jurídico 2º). En consecuencia, se afirmaba en la citada Sentencia, la vinculación de todos los poderes públicos a la Constitución (art. 9.1 C.E.) obliga a los Ayuntamientos al respeto de esa proporcionalidad que, naturalmente, no implica la necesidad que cada una de las Comisiones sea reproducción exacta, a escala menor, del Pleno municipal, sino sólo la de que, en cuanto la diferencia cuantitativa y otras consideraciones lo hagan posible, al fijar la composición de las Comisiones se procure dotar de presencia en ellas a las fuerzas políticas presentes en el Pleno. Ello así, un apartamiento cuantitativo o cualitativo de la proporcionalidad constitucionalmente exigible, y la ausencia de todo razonamiento para justificarla, podría considerarse ilegítimo y lesivo del derecho fundamental al ejercicio de la función representativa en términos de igualdad (proporcionalidad), como así lo estimó este Tribunal en el supuesto entonces examinado.”

La misma STC en el fundamento jurídico 7, establece: “Aunque no discute el recurrente el cálculo de proporcionalidad con el que el Pleno ha operado respecto a la asignación de puestos en las Comisiones entre los grupos políticos, conviene resaltar que esta distribución se acomoda a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos integrantes de la Corporación, por lo que tampoco en este extremo podría prosperar la pretensión del demandante de amparo. Es necesario tener presente al respecto una doctrina jurisprudencial de este Tribunal muy consolidada, conforme a la cual se recuerda que es notorio que una proporcionalidad estricta es algo difícil de alcanzar en toda representación, y tanto más cuanto más reducido sea el número de representantes a elegir o el colegio a designar (STC 40/1981, fundamento jurídico 3º; 36/1990, fundamento jurídico 2º). Por el contrario, una adecuada representación proporcional sólo puede ser, por definición, imperfecta, y resultar exigible dentro de un razonable margen de flexibilidad, siempre y cuando no llegue a alterarse su propia esencia (SSTC 40/1981, fundamento jurídico 1º; 32/1985, fundamento jurídico 3º; 36/1990 fundamento jurídico 2º). En consecuencia, la proporcionalidad o las desviaciones de la misma enjuiciables en amparo por devenir constitutivas de una discriminación vedada por el art. 23.2 de la Constitución, no pueden ser entendidas de una forma estrictamente matemática, sino que deben venir anudadas a una situación notablemente desventajosa y a la ausencia de todo criterio objetivo o razonamiento que las justifique (SSTC 75/1985, fundamento jurídico 3º; 36/1990, fundamento jurídico 2º; 4/1992, fundamento jurídico 2º).”

A la vista del criterio jurisprudencial, en el caso del Grupo Municipal Popular, y teniendo en cuenta que está conformado por 6 Concejales, nos encontramos ante una situación notablemente desventajosa y con ausencia de criterios objetivos o razonamientos que lo justifique.

De acuerdo con los hechos expuestos y las consideraciones jurídicas, solicitamos lo admita a trámite y dé por interpuesto recurso de reposición contra el Acuerdo de Pleno de fecha 05 de julio de 2019, relativo a la “Creación, composición, funcionamiento y competencias de las Comisiones Informativas Permanentes”, y en consecuencia, se proceda a la anulación del acuerdo sobre composición de las Comisiones Informativas Permanentes, disponiendo una composición adecuada al principio de proporcionalidad que entendemos vulnerado en el caso que nos ocupa.

Benavente, a 02 de agosto de 2019.